La vida en la academia es, desde fuera, un entorno que puede despertar respeto e idealización. Se la asocia con el conocimiento, la libertad intelectual y la estabilidad profesional. Sin embargo, quienes transitan por sus primeros peldaños conocen una realidad muy distinta, marcada por la ambigüedad, la precariedad y la incertidumbre. Esta contradicción se vuelve especialmente evidente en la figura del investigador predoctoral, que, al comenzar su tesis, se encuentra simultáneamente en una etapa formativa y en una posición laboral que en ocasiones no se reconoce como tal.
Uno de los elementos más difíciles de explicar fuera del ámbito académico es esta doble naturaleza del doctorado. Aunque formalmente se trata de un periodo de formación, guiado por tutores y directores, el núcleo de esta etapa es la realización de una investigación original. Es decir, una aportación científica real, que implica responsabilidades, plazos, publicaciones y, en muchos casos, docencia y tareas de gestión. En la práctica, esto equivale a una jornada laboral completa como investigador. No obstante, muchas personas realizan todavía hoy su tesis sin contrato, sin salario y sin reconocimiento institucional, mientras que otras lo hacen contratadas bajo figuras que no están diseñadas para el desarrollo de una tesis. Así, el colectivo de investigadores predoctorales se caracteriza por una gran heterogeneidad en términos de condiciones laborales, económicas y de derechos.
Incluso quienes acceden a contratos específicos para el desarrollo del doctorado lo hacen en condiciones que distan de ser justas. En España, estos contratos están regulados por el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que establece una duración de cuatro años y una retribución progresiva vinculada al grupo M3 (56% primer y segundo año, 60% el tercer año y 75% el cuarto año). Este grupo corresponde a puestos de la administración general del Estado que requieren una titulación de máster, título imprescindible para acceder al doctorado. Así, al comenzar el doctorado, el EPIF fija un salario mínimo, que en la práctica pocas veces se supera, de aproximadamente 1.300 euros brutos mensuales en 14 pagas (lo que se traduce en unos 1.050 euros netos aproximadamente), y solo en el último año de doctorado se llega al 75 % del salario correspondiente al grupo profesional de referencia. Esta retribución resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta los requisitos que se exigen para acceder al puesto.
El acceso a estos contratos está vinculado a distintas convocatorias (nacionales, autonómicas, locales…) que en muchos casos carecen de un calendario estable de publicación y tienen largos tiempos de resolución. Además, el acceso a muchas de estas ayudas está supeditado a tener finalizado el máster y estar inscrito en el doctorado, por lo que es habitual que los investigadores comiencen a trabajar antes de que se resuelva el proceso de selección o incluso antes de que se publique la convocatoria. El resultado es que, durante meses, muchos jóvenes investigadores desarrollan tareas propias de su futura etapa contractual —revisión bibliográfica, toma de datos, trabajo de campo o análisis preliminares— sin ningún tipo de contrato ni salario. Esta precariedad de facto no solo los expone a una gran vulnerabilidad, sino que además normaliza una lógica en la que el trabajo científico puede ser exigido sin ningún tipo de protección laboral.
La consecuencia es una paradoja estructural: se exige excelencia académica, producción científica de calidad, movilidad internacional y participación activa en la vida universitaria, pero sin que existan las condiciones materiales adecuadas para ello. Aun así, la presión por avanzar en la carrera científica, unida a la escasa disponibilidad de oportunidades en la etapa postdoctoral, lleva a muchos doctorandos a asumir costes personales y económicos con la esperanza de reunir los méritos necesarios para continuar en el sistema. No es raro, por tanto, encontrar investigadores predoctorales que se costean parcialmente estancias en el extranjero o su participación en congresos. Que colaboran en jornadas de campo sin esperar recibir dietas ni compensación por las horas extras. Si bien estas prácticas —por desgracia— no se limitan al personal predoctoral (muchos investigadores en etapas posteriores también hacen esfuerzos similares para sacar adelante proyectos en un sistema crónicamente infrafinanciado), sí son estos los más vulnerables, ya que las exigencias les suponen un mayor esfuerzo proporcional.
Esta presión se ve agravada por la sensación de aislamiento que, con frecuencia, acompaña al proceso doctoral. Aunque se presenta como una etapa individual de especialización, el doctorado es, en realidad, un momento en el que la colaboración, el intercambio de experiencias y el apoyo entre colegas pueden marcar una diferencia sustancial. Conocer nuevas ayudas, identificar convocatorias, compartir estrategias de trabajo o, simplemente, contar con espacios para verbalizar las dificultades del día a día son elementos esenciales para transitar esta etapa de forma sostenible. Sin embargo, esta dimensión colectiva solo puede desplegarse si existe una conciencia compartida de que muchas de las dificultades no son individuales, sino estructurales, y que, por tanto, requieren organización, denuncia y acción conjunta.
Al mismo tiempo, es importante recordar que, a pesar de los desafíos, para muchas personas el doctorado es también una etapa de gran desarrollo personal, intelectual y profesional. La posibilidad de profundizar en una línea de investigación propia, contribuir al avance del conocimiento y formar parte de una comunidad científica activa es, sin duda, una experiencia valiosa y enriquecedora. Pero precisamente porque valoramos esta vocación, no podemos dejar de señalar aquellas condiciones que la hacen más difícil de lo necesario. Reconocer lo positivo no implica ignorar lo que debe cambiar.
Este Primero de Mayo es una oportunidad para que los investigadores predoctorales no tengamos que repetir dentro de unos años frases como “yo hice el doctorado sin cobrar” o “en mis tiempos era peor”, como si fuesen medallas de resistencia. Haber pasado por condiciones difíciles no justifica que estas se perpetúen. Al contrario: debería reforzar nuestro compromiso para que las próximas generaciones de investigadores no tengan que enfrentarse a las mismas barreras. Luchar hoy por una carrera científica digna es también una forma de dignificar nuestro propio paso por ella.
Autor:
Rayo Pinto Prieto
Investigador predoctoral en la Universidad de León y presidente de AIF-ULE
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